05/02/2010

En la mañana de este viernes (5 de febrero) una comisión, conformada por entidades de derechos humanos - el Consejo Estatal de Derechos Humanos de Espíritu Santo (CEDH-ES), el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Serra (CDDH-Serra), Pastoral do Menor, Justiça Global y Conectas - entró en La Penitenciaria Estatal Femenina de Tucum, en el municipio de Cariacica- ES, consciente de que se iba a encontrar frente a una situación complicada. Los 150 cupos de la unidad están ocupados, en el momento, por 630 mujeres.

Después de un breve momento en el interior de la penitenciaria, la directora del presidio “invitó” a la comisión a retirarse del lugar. "Entendemos esa determinación como una expulsión", dice Gilmar Ferreira, secretario ejecutivo del CEDH-ES, y director del CDDH- Serra. "habíamos sido autorizados para entrar en la unidad por el director general Anderson Fanele, pero se nos impidió conversar de forma Independiente con las presas."

Para Bruno Souza, presidente del CEDH-ES, esa expulsión refleja la falta de dialogo y de transparencia con la que el gobierno de Espíritu Santo trata la cuestión del sistema presidiario. "Intentan de todas las formas posibles ocultar las graves violaciones de derechos humanos que se presentan sistemáticamente en las unidades presidirias del estado. Frecuentemente, el gobierno irrespeta decisiones jurídicas y determinaciones de organismos internacionales."

Contenedor es usado como celda
La visita a la Penitenciaria Estadual Femenina de Tucum no fue la única hecha esta semana. Antes de ser expulsada, la comisión ya había estado en los Departamentos de Policía Judiciaria (DPJ) de Cariacica y de Vila Velha, en el centro de Dentención Provisional (CDP) de Cariacica, y en la Unidad de Internación Socio-Educativa (UNIS) también en Cariaca. En la Delegación de Homicidios (DHPP) de Vitoria, el grupo se encontró con un “microbús” de homicidios, un contenedor donde llegan los presos provisionales a pasar los días a la espera de un cupo en el sistema. En todas las unidades se observó un cuadro gravísimo de hacinamiento y de falta de condiciones mínimas de higiene y atención médica.

ONGs van a la ONU y a la OEA
En mayo del 2009, el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP), órgano ligado al Ministerio de Justicia, envió a la Procuraduría general de la República (PGR) un pedido de intervención federal en Espíritu Santo, en función de las denuncias de precariedad de las unidades presidiarias y de las practicas de tortura y descuartizamiento en los presidios del estado. El consejo denunció la existencia de personas presas en contenedores con pésimas condiciones de higiene, con grandes cantidades de basura y cloacas a cielo abierto.

“Las organizaciones están preparando un conjunto de informes y documentos que serán encaminados a los organismos internacionales de derechos humanos, tanto en la ONU, como en la OEA”, informó Julia Neiva, abogada de Conectas. “Esa es una forma de reforzar el pedido de intervención federal que tramita la Procuraduría General de la República”.